Las pérdidas ocasionadas por los saqueos del 9 y 10 de diciembre son difíciles de calcular, según la Federación Económica de Tucumán (FET). No obstante, la entidad estima que el daño provocado ronda los $ 60 millones tras un relevamiento preliminar. Ocurre que grandes firmas como Changomas, Vea y SanCor todavía no reportaron el monto de sus pérdidas. 


El dato sólo refleja los perjuicios ocasionados por destrozos y robos. La ganancia no percibida por los días en que los comercios no pudieron trabajar no está contabilizada. En ese sentido, consideraron desde la FET, los establecimientos que no fueron saqueados también sufrieron pérdidas por cierres temporales y barricadas que impidieron a los clientes comprar normalmente.

Los negocios pequeños fueron los más afectados. El registro que la FET abrió para inscribir a los comercios damnificados contabilizó un total de 80, pero muchos establecimientos no se incorporaron.

El secretario de la rama Comercios de la FET, Víctor Brodersen, indicó que muchos comerciantes decidieron cerrar sus puertas y dedicarse a otra actividad, debido a que la quiebra fue total. “El resultado fue un mes de diciembre malo para la actividad. Las ventas crecieron un 2% respecto de diciembre de 2012, pero debió haber sido de más del 20% para compensar la inflación”, destacó.

Brodersen señaló que se generaron exenciones impositivas, subsidios y créditos blandos para los afectados. Sin embargo, la suba de precios y la presión tributaria determinaron que 2013 haya dejado un saldo negativo para el comercio.


La Justicia libera a detenidos por los saqueos

A un mes de la ola de saqueos que padeció la provincia, la Justicia aún trata de determinar las responsabilidades que civiles y policías tuvieron en el desarrollo de la crisis social, los empresarios buscan recuperarse del desastre económico que significó el caos y el Gobierno pelea por recuperar la confianza ciudadana.

Las secuelas persisten. En el Poder Judicial se acumulan los expedientes vinculados con el vandalismo del 8, 9 y 10 de diciembre. Por un lado, a principios de semana se confirmó que los ocho policías que encabezaron la huelga policial por mejores salarios permanecerán detenidos. El juez de Feria, Víctor Rougés, dispuso la prisión preventiva en contra Diego Alberto Herrera, Miguel Ángel Toledo, Ángel René Chaile y Pablo Pedro Pérez (cesanteados), y de los suboficiales Sergio Omar Hogas, Federico Antonio Castro, Eugenio Alejandro Mamaní y Flavia María Belén Bedma. Todos están acusados de sedición y otros delitos.

Ayer, en tanto, el magistrado desechó un pedido de la fiscala Adriana Reinoso Cuello y ordenó la liberación de 14 civiles detenidos en Alderetes, curiosamente una ciudad en la que no hubo saqueos. Esa decisión del juez alcanza, entre otros, a Gonzalo Carrizo, Gabriel Jerez, Juan Evaristo Santana y Manuel Jesús Sir. Estos casos fueron expuestos el fin de semana por LA GACETA, ya que algunos fueron arrestados cuando venían de custodiar comercios de allegados o circulaban por la vía pública, según sus familiares.

De la lista original de 86 personas detenidas que difundió el Gobierno, a 17 ya se les dictó la prisión preventiva antes de fin de año, todas ellas vinculadas con el atraco al supermercado Changomas en Banda del Río Salí. Todas las prisiones preventivas dictadas hasta aquí (incluidas las de los policías) han sido apeladas, y quien resolverá en definitiva es la Cámara de Apelaciones en lo Penal, que durante la feria de enero está compuesta por los jueces Alfonso Zóttoli y Stella Arce.